Riva defendió la legalidad del fondo de inversión del Granada

Fifteen Securisation SARL, con sede en Luxemburgo, es según Riva, una unidad operativa real, con medios humanos y materiales, que funciona desde hace seis años y que canalizaba el dinero que permitía desarrollar el proyecto deportivo del Granada CF.

Raffaele Riva, según pudo saber Efe en fuentes jurídicas, compareció durante algo más de cuatro horas para responder las cuestiones del juez José de la Mata relativas al funcionamiento de la sociedad. Riva, según este entorno, explicó que "la realidad del negocio, orientada a conseguir el beneficio mutuo de todas las partes, dentro de la más estricta legalidad en lo relativo a la participación de los fondos de inversión en la industria del fútbol, era una práctica perfectamente legal en España hasta 2015 cuando quedó prohibida por la FIFA".

Durante su declaración, Riva explicó que la inversión beneficiaba a las dos partes, a la sociedad, por un lado y al Granada CF, por el otro. A la sociedad de inversión porque generaba nuevas inversiones y, una vez que el jugador se cedía a otro club, recuperaban el 95% de la inversión más los beneficios que se hubieran podido generar en un negocio, según él, de alto riesgo.

Y al Granada CF, porque permitió reflotar a un club que estaba en la quiebra económica, que pudiera disponer de una amplia plantilla de jugadores interesantes y que, en el momento en que se realizara un traspaso del jugador, el Granada se quedaba siempre con el 5 por ciento más los derechos de formación. Era un negocio 'win/win', donde ambas partes ganaban, explicaron a Efe.

A finales del mes de enero, en uno de los autos de entrada y registro que dictó el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en el marco de una operación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), apunta que lo empresarios Enrique Pina y Gino Pozzo usaron los clubes Udinese (Italia), Granada CF (España) y Watford (Reino Unido) para crear "un triángulo mercantil" cuyos rendimientos generados en la venta de jugadores defraudaron a "las respectivas haciendas nacionales", desviando el dinero a un holding en Luxemburgo llamado Fifteen Securitisation.

Los abogados de Pozzo, que dijeron hoy a Efe que Pina y Pozzo "nunca han sido socios en empresa alguna, ni mantienen una relación de amistad más allá de la estrictamente profesional", indicaron que no evadieron impuestos "porque primero, en dichos países disponen de un régimen de tributación similar, y segundo, porque las federaciones italiana e inglesa impiden desde antes de 2015 que un fondo/sociedad pueda invertir en los derechos económicos del jugadores de fútbol".

Gino Pozzo explicó este miércoles a través de sus asesores que Pozzo participa como bonista minoritario en Fifteen Securisation, como un miembro más de la familia Pozzo, grupo cuya participación tampoco es mayoritaria. "Y por tanto es falso que el fondo sea propiedad de Gino Pozzo; como también lo es que lo controle". La portavocía de Pozzo afirma que "carece de todo fundamento que Gino Pozzo se haya lucrado del Granada; y sí es cierto que ha prestado servicios de scouting y asesoramiento financiero y que cobró por ellos".

Por otra parte, tanto la sociedad Fifteen como Pozzo defienden que toda la operativa fue avalada por la Agencia Tributaria y por LaLiga, y han presentado una consulta vinculante a la Agencia Tributaria, fechada en 2012 en la que este estamento refrendaba la práctica empresarial que permitía recibir dinero de la sociedad luxemburguesa para destinarlo por el club a la adquisición de jugadores. También han aportado informes de LaLiga donde se admitían fondos de inversión en clubes como el Atlético de Madrid, el Sevilla FC, el Valencia, el Getafe o el Sporting de Gijón.

El pasado 19 de febrero, el juez puso en libertad con medidas cautelares al ex consejero delegado del Cádiz Quique Pina, tras haberle tomado declaración "para clarificar contradicciones", entre lo que había manifestado tras ser detenido e información contenida en la causa contra él. Pina estuvo encarcelado desde el pasado 2 de febrero tras su detención en la Operación Líbero por delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública e insolvencia punible.

En un auto, el magistrado, después de tomarle declaración, le impuso como medidas cautelares la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado más cercano a su domicilio, prohibición de salida del territorio sin autorización judicial, retirada de pasaporte y fijación de domicilio y teléfono para poder estar localizado.